No implantar barreras vegetales, apilar estiércol, cultivar a menos de 500 metros de la laguna o sobrepasar el límite de fertilizantes son las razones más comunes para multar.
La Comunidad ha abierto en tres años 355 expedientes.
El 56% de los casos publicados en el registro de expedientes acaban sin sanción económica.
La Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor cumple tres años y pasa ahora por las miradas de todos en plenas negociaciones para formar Gobierno autonómico en la Región de Murcia e investir a un presidente. La norma es objeto de atención ante la petición de Vox de derogarla o modificarla para apoyar a la elección de Fernando López Miras como jefe del Ejecutivo regional. Es también centro de las críticas del sector agrario por sus exigentes condiciones para cultivar en la comarca del Campo de Cartagena.
Pese a todo ello, la ley continúa desarrollándose, con retrasos respecto al calendario inicial. Uno de los aspectos destacados es la puesta en marcha del registro público de expedientes sancionadores que se han abierto por incumplimientos en el campo. La Comunidad no detallaba hasta ahora qué tipo de infracciones se habían cometido para imponer estas multas y se limitaba a señalar el número de expedientes o qué cuantía alcanzaban las sanciones.
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