El informe de PwC, que analiza el efecto del Trasvase en la economía española, también advierte de que la disminución de los recursos subterráneos "impacta en la viabilidad a largo plazo del regadío" en ambas provincias
MURCIA. Hay una fecha que no se les va de la cabeza a los regantes: el 2027. Ese año está marcado en el calendario por una doble amenaza. Primero, por la reducción de los envíos del agua procedentes del Trasvase Tajo-Segura, cuya merma puede llegar hasta un 50% en función de los caudales ecológicos, tal y como quedó reflejado en el Plan de Cuenca del Tajo aprobado en 2023. Y, segundo, por el futuro recorte de las extracciones de las aguas subterráneas en aquellas zonas donde se entiende que hay sobreexplotación, tal y como pide el mencionado plan hidrológico, en aplicación de la Directiva europea del Agua. Es decir, los agricultores temen un 2027 con menos agua del Tajo y con menos recursos hídricos del suelo. Se trata de un escenario al que ya están poniendo cifras los expertos. Si hace una semana era la Universidad de Alicante quien advertía de las consecuencias (40.722 hectáreas de explotaciones agrarias en riesgo, con pérdidas que pueden alcanzar los 826 millones de euros y la destrucción de 25.000 puestos de empleos en toda la cuenca del Segura), desde este miércoles arroja más luz un nuevo informe, elaborado por PriceWaterHouseCoopers (PwC) por encargo del Sindicato Central de Regantes (Scrats).
El estudio, titulado Impacto socioeconómico del Trasvase Tajo-Segura en España, destaca que las aguas subterráneas constituyen el 30% de los recursos hídricos disponibles para uso agrario en la cuenca del Segura, por lo que la reducción prevista en el Plan del Segura podría generar "un impacto negativo sobre la actividad agrícola de la zona". No en vano, tal y como recuerdan los autores, "según el Plan Hidrológico del Segura, en 2027 se deben reducir -213,2 hm3/año de aguas subterráneas para el uso agrario". Un programa que prevé un recorte del -52% a la aportación subterránea en 2027, "lo que incrementaría el déficit hídrico en -191,2 hm3/año e impactaría negativamente en la agricultura de las provincias del Trasvase".
Esta disminución de recursos subterráneos, además de "la creciente competencia por el agua para usos urbanos e industriales", impacta "en la viabilidad a largo plazo del regadío en las provincias del Trasvase", avisan, al tiempo que explican que estas reservas, que tradicionalmente estaban vinculadas al sostenimiento del regadío agrícola, han pasado a asumir "una función clave también en el abastecimiento urbano e industrial. Por todo ello, el cierre de acuíferos pondría en peligro la producción de cerca de 583 millones de euros en la cuenca del Segura, especialmente en la Región de Murcia, la provincia más afectada.
Fuente de la noticia: murciaplaza.com
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